La Unión Europea pretende terminar con el anonimato en las transferencias de criptomonedas

Los portales de criptoactivos deberán ahora identificar todas las transferencias, sin importe mínimo, así como conservar y compartir la información cuando se requiera.

​La comisión ECON y LIBE del Parlamento Europeo han votado una nueva normativa que pretende aplicar la legislación contra el blanqueo de capitales a  las transferencias de criptoactivos, donde se sospecha existe un volumen enorme de estas maniobras delictivas.

Frente a las transferencias bancarias, fuertemente reguladas y controladas, en la actualidad no existe un marco que garantice la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos y la identificación de las entidades reales que se encuentran detrás. Tras una cuenta de criptoactivos existe un fuerte anonimato respecto al contenido de esa cartera, lo que las convierte en una herramienta perfecta para la evasión de impuestos o su uso para cualquier tipo de actividad ilícita.
 
Ahora, con el nuevo texto votado, todas  las empresas que comercien con criptomonedas o que sirvan de portal de intercambio, estarán obligados a identificar a las personas que comercien en ellas, conservando dicha información de las operaciones.

Así pues, la información que ahora deberán almacenar las entidades operadoras de criptoactivos  podrá ser reclamada por las autoridades y los portales deberán entregarla de acuerdo a los mismos procedimientos que se aplican a las entidades financieras clásicas. Con esta decisión se pretende que los órganos de control, jueces o agencias tributarias europeas puedan identificar prácticas ilícitas con mayor facilidad y analizar las transacciones que consideren sospechosas en este mercado tan opaco.
 
Tras la aprobación, ahora los operadores de criptoactivos se verán obligados a adoptar un plan de implantación antes de 6 meses y garantizar su cumplimiento antes de un año y medio si desean seguir operando dentro de la ley. A esto debemos sumar que cuando entre en vigor la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA), se prohibirá operar con proveedores no-legales, definidos como entidades sin registro, sin autorización para operar en la UE  o sin presencia en nuestra jurisdicción.

Dada la facilidad para realizar un alto número de operaciones en periodos muy cortos dentro de red no sorprende que los legisladores hayan votado a favor de eliminar el umbral de mínimos, actualmente fijado en los 1.000 euros.
 
La nueva regulación por tanto, a diferencia de la aplicada con las monedas y bienes tradicionales obligará a que todas las transferencias entraran en el ámbito de aplicación y las entidades deberán registrar y almacenar información de todas ellas sin atender a la cuantía.
 
Ahora, tras la aprobación del Parlamento, en las próximas semanas comenzarán las negociaciones institucionales con el Consejo, en un expediente que se espera encajar bajo la presidencia francesa y que se espera reduzca los problemas que plantean las criptomonedas.

Autor y Diseño gráfico: JP Castillo / Manuela González / Paloma Higueras

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