Primer ERTE provocado por un ciberataque

Para que nos hagamos una idea de la amplitud y consecuencias de los ciberataques, esta semana por 1era vez la Audiencia Nacional ha estimado por primera vez un recurso a Ilunion para declarar un ERTE de fuerza mayor a causa de estos delito.

​El fallo, señala como el ciberataque impedía realizar gran parte de la actividad de la compañía  dedicada a los contact-centers (spam telefónico? la cual debió suspender 28 campañas tras el ataque a modo de “justicia poética”, pero bromas aparte las cifras son elevadas: la firma solicitó un ERTE para 1.192 de sus 2.192 trabajadores, el cual fue denegado inicialmente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, basándose en que no había informe del ciberataque o que la disponibilidad de los trabajadores para realizar actividades en la empresa se había mantenido. Pero finalmente, la Sala de lo Social estimó las explicaciones de Ilunion que le obligó a apagar su centro de datos para evitar su propagación.
 
La magistrada de la Audiencia Nacional, Marta Jaureguizar puntualizó que pese a que los empleados estaban disponibles para la empresa, no podían realizar realmente su trabajo, con lo que se cumplían las condiciones necesarias para el ERTE de fuerza mayor.
 
Esta sentencia plantea muchos interrogantes, por ejemplo hasta que punto debe estar acreditado un ataque para que se acepte el ERTE? ¿Qué medidas de prevención y auditoría del ataque se deben requerir a una empresa para eximirles de responsabilidad?
 
Los ciberataques aumentarán con el tiempo y la evaluación de responsabilidades y consecuencias es un campo de batalla nuevo donde se cruza la ciberseguridad y el derecho, debemos comenzar a trabajar en este campo más en serio para evitar víctimas por partida doble, es decir, una empresa podría sufrir un ataque y luego ser doblemente penalizada por no poder prevenirlo y justificarlo. De igual modo empresas con intenciones delictivas podrían engañar a las administraciones y perjudicar a sus trabajadores.
 
Para evitar ambos supuestos, nos tememos que vamos a tener que acelerar tanto a nivel legal, administrativo y por parte de las empresas el desarrollo de protocolos, procedimientos y una legislación eficaz que no empeore las consecuencias de estos delitos. 

​Autor y Diseño gráfico: Paloma Higueras / Mani González 

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